El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que ya comenzaron los trabajos de construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo para los pandilleros, una nueva cárcel alejada de las ciudades, que tendrá varios niveles de muros y contará con 37 torres de vigilancia.
«Será imposible que los delincuentes se escapen», sostuvo el mandatario en su cuenta de Twitter.
Desde finales de marzo, cuando se implementó el régimen de excepción como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 asesinatos, el gobierno capturó a más de 41.000 personas, según cifras oficiales que brindaron las autoridades de seguridad pública del país.
«Ahora debemos construir un centro penitenciario para internar a los decenas de miles de terroristas que acechan a nuestro país», completó Bukele en Twitter.
Nueva prórroga a régimen de excepción
El anuncio de la construcción de la megacárcel coincidió con la discusión en la Asamblea Legislativa de una tercera prórroga del régimen de excepción, que fue aprobada con 67 de 84 votos.
«Desde esta Asamblea, estamos dando las herramientas jurídicas para combatir a las pandillas. Nuestro compromiso es velar por la seguridad del pueblo», aseguró el diputado Rubén Flores, del oficialista partido Nuevas Ideas.
El régimen suspende garantías constitucionales, como la libertad de asociación y el derecho a la defensa, y extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional.
Además, permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de la autorización de un juez.
La oposición se opuso
Por su parte, la oposición política votó en contra de la medida porque la consideran innecesaria.
«Hay mucho inocente que está ahí detenido sin un proceso porque en El Salvador, con el régimen de excepción, se rompe el principio de inocencia», afirmó la diputada Marleni Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En tanto, Amnistía Internacional criticó la continuidad del régimen de excepción y pidió – sin éxito- la suspensión de esta medida, luego de que un informe difundido este mes revelara que se violentaron los derechos humanos.
«Ellos no viven aquí, ellos no han sufrido el miedo que miles de salvadoreños han tenido que sufrir en este país», afirmó Guillermo Gallegos, diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, partido aliado de Bukele, al restar importancia a las críticas al régimen de excepción.
Para mañana está programada una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos de El Salvador darán un informe sobre la situación de derechos humanos en el país durante la vigencia del régimen de excepción.
Líderes de la pandilla Mara Salvatrucha huyeron de El Salvador a México
Varios altos mandos de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) huyeron a México para sortear la guerra declarada por el presidente Bukele en El Salvador, informó hoy el gobierno del país centroamericano.
«Muchas de esas sillas (puestos de mando) que están pendientes (de capturas), sabemos que están en México, y que desde allá están girando instrucciones de manera cobarde», declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al canal privado 21 de la TV local.
El funcionario salvadoreño no explicó cuándo huyeron del país ni entregó identidades. «7 de las 15 sillas que gobernaban la estructura ya están tras las rejas», enfatizó.
Al directorio de 15 miembros de la pandilla (equivale al número de letras conque se escribe Mara Salvatrucha), se le conoce como «Ranfla Nacional».
Según explicó Villatoro, la pandilla cuenta con 31 subjefaturas en todo el país, que tienen bajo su mando a 434 «clicas» (células), cada una con un cabecilla llamado «palabrero».
«Un pandillero en una comunidad es como una célula cancerígena, y tenemos que aplicar quimioterapia. No vamos a descansar hasta que el último pandillero en nuestro territorio haya sido capturado», subrayó.
Números que alarman
La Fiscalía de El Salvador reveló que desde fines de marzo fueron detenidos 41.846 presuntos pandilleros.
El asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, en crímenes atribuidos a pandillas, llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción a pedido de Bukele.
El Parlamento de El Salvador, controlado por aliados del presidente, también elevó las penas por crímenes vinculados a pandillas.
En el país operan principalmente las pandillas MS-13 y Barrio 18. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros.
Pero con las detenciones de los últimos tres meses, estarían tras las rejas 57.846 miembros, un 83% de los 70.000 miembros que oficialmente se considera existen en El Salvador.
